Casi el total de las áreas recuperadas en operativos contra la minería ilegal han vuelto a ser tomadas
La minería ilegal en Madre de Dios ha alcanzado niveles alarmantes. A pesar de los esfuerzos del Estado, como la Operación Mercurio en 2019, el problema ha empeorado en los últimos cinco años.
El aumento de la minería ilegal en la región ha resultado en la destrucción masiva de áreas protegidas, afectando tanto la biodiversidad como las comunidades locales. La explotación desmedida de recursos naturales continúa sin freno, alimentada por la falta de políticas efectivas y el débil control estatal.
La Operación Mercurio, implementada en 2019, marcó un hito en la lucha contra la minería ilegal, pero sus efectos han sido temporales. Actualmente, el 98% de las áreas recuperadas han vuelto a ser ocupadas por mineros ilegales, lo que pone en evidencia la necesidad de una estrategia más integral y sostenida en el tiempo.
Retos en la lucha contra la minería ilegal
El escaso presupuesto asignado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para combatir la minería ilegal refleja la falta de prioridad que el Estado otorga a este problema. Mientras que la minería ilegal moviliza más de 4.000 millones de dólares al año, la PNP solo recibe 47 millones de soles para sus operaciones. Esta desigualdad en recursos limita gravemente la capacidad operativa de las fuerzas del orden.
La Dirección de Investigación del Medio Ambiente de la PNP enfrenta serias dificultades debido a la escasez de personal y recursos logísticos. Con solo 56 efectivos y medios de transporte inadecuados, la lucha contra la minería ilegal en una región tan vasta como Madre de Dios se vuelve una tarea casi imposible.
Políticas y Legislación
Las decisiones políticas recientes han favorecido, de manera indirecta, la expansión de la minería ilegal. La flexibilidad en las normativas, promovidas por algunos legisladores, ha creado un ambiente de impunidad que permite a los mineros ilegales operar sin temor a repercusiones legales.
Propuestas
Es fundamental que el gobierno peruano no solo incremente el presupuesto destinado a combatir la minería ilegal, sino que también implemente un enfoque multidimensional que involucre a las comunidades locales, el sector privado y las organizaciones internacionales.
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